Los empleadores agrícolas en los Estados Unidos han sido obligados a pagar $76 millones en salarios atrasados a 154,000 trabajadores en los últimos 20 años, según un informe del Instituto de Política Económica. Durante este período, la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos llevó a cabo más de 31,000 investigaciones sobre granjas estadounidenses y emitió $63 millones en sanciones civiles por violaciones en el lugar de trabajo.

Esas violaciones, sin embargo, probablemente son sólo una fracción del problema, porque el Departamento de Trabajo sólo investiga a unos 100 de los 107,000 empleadores agrícolas cada mes, lo que significa que hay sólo un uno por ciento de probabilidades de que cualquiera de ellos sea investigado en un año determinado.  Según el Informe, es probable que muchas más violaciones nunca se reporten porque la mayoría de los trabajadores agrícolas son inmigrantes indocumentados, lo que los hace temer de represalias y deportaciones.  En 2019, sólo había 780 investigadores, menos de 50 años atrás.

En general, los trabajadores agrícolas estadounidenses luchan con algunos de los salarios más bajos del país y sufren una tasa por encima de la media de lesiones en el lugar de trabajo, según el informe, cuestiones que se han agravado aún más por la crisis de COVID-19.

Los trabajadores agrícolas son vitales para las cadenas de suministro de alimentos. Su trabajo es esencial, sin embargo, porque muchos son inmigrantes indocumentados o en el país con visas de trabajo temporal, no tienen acceso a redes de seguridad social de Estados Unidos como seguro de salud, beneficios de desempleo o cheques de estímulo.  Además, muchos trabajadores viven en las propias granjas, y un alojamiento inadecuado o superpoblado aumenta el riesgo de infección por COVID-19.

El análisis de EPI encontró que los contratistas de mano de obra agrícola, agencias de terceros que reclutan y trabajan personal para granjas, son los peores infractores de robo de salarios, lo que representa alrededor del 25 por ciento de todas las violaciones federales por robo de salarios.  Estos contratistas de mano de obra mantienen un porcentaje de los salarios ganados por los trabajadores, y los operadores agrícolas no proporcionan a los trabajadores agrícolas que trabajan en sus granjas beneficios marginales porque son empleados del contratista.  Debido a que los contratistas de mano de obra agrícola ya representan el 14 porciento del empleo agrícola en los Estados Unidos y su uso está aumentando, el Informe pide un cambio importante en las políticas para eliminar a los infractores.

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