Una decisión de la Corte ha dado paso para que un trabajador pueda demandar al abogado de su empleador bajo las provisiones anti-represalias de la Ley de Normas Justas de Trabajo (“FLSA”). En un caso anterior, el mismo trabajador demandó a la granja donde trabajaba, alegando violaciones de salarios y horas. Después de una mediación infructuosa, el abogado de la granja envió la información personal del trabajador -incluyendo su número de licencia de conducir- a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (“ICE,” en inglés), la agencia federal responsable que encuentra y deporta a inmigrantes sin documentos autorizados. Por medio de correo electrónico, el abogado ofreció hacer arreglos para que los agentes de ICE aprehendieran al trabajador durante su testimonio para el caso de FLSA. Cuando el trabajador se enteró que el abogado estuvo en contacto con ICE, él decidió resolver el caso en vez del proceder a juicio.

En el caso de represalia, el trabajador argumentó que el abogado, como agente de la granja, involucró a agentes de inmigración para que lo deportaran porque él presentó una demanda de FLSA contra la conducta de la granja lo cual afirma que es una represalia ilegal. La FLSA prohíbe que “cualquier persona” discrimine contra un empleado que comienza una demanda bajo esa ley. El abogado de la granja se dispuso a denegar la queja basándose en que la FLSA se aplica sólo a los “empleadores” del trabajador, lo cual él no era. La Corte superior concluyó que, a diferencia de sus reglas de salarios y horas, las disposiciones contra la represalia de la FLSA se aplican más ampliamente a “cualquier persona”, que el estatuto define incluyendo al representante legal de un empleador. Está bien establecido en la jurisprudencia que el estatus migratorio de un trabajador no afecta su derecho a participar en una demanda por sueldos no pagados.