Después de que muchos inmigrantes fueron excluidos de la primera medida de alivio de coronavirus, legisladores demócratas estan buscando a incluir a los trabajadores indocumentados en las proximas medidas de alivio.
El representante de California, Ro Khanna, y otros demócratas están luchando por la inclusión de la Declaración de Derechos de los Trabajadores Esenciales en el próximo paquete de legislación de alivio de coronavirus. Si se adopta, las medidas garantizaría a los trabajadores de primera línea el equipo de protección adecuado, como máscaras y guantes, un salario digno, dias de enfermedad pagados, asistencia para el cuidado de niños y otros beneficios mientras continúan a trabajar durante la crisis de salud global. Los patrocinadores de las medidas propuestas han dejado en claro que la iniciativa debería cubrir a los trabajadores independientemente de su estado migratorio.
El representante Khanna dijo que será más fácil para su partido asegurar de que los inmigrantes indocumentados sean incluidos en la medida a favor de los trabajadores que garantizar que reciban ayuda economica bajo el primer paquete del estímulo.
La primera medida de ayuda económica y alivio del coronavirus ordenó específicamente que las personas consideradas “extranjeros no residentes” o aquellos sin números de Seguro Social no recibieran los $ 1,200 por adulto y $ 500 por niño que el Congreso ofreció para ayudar a las personas a sobrellevar los problemas financieros generalizados provocados por la pandemia.
“Extranjero no residente”, se define como un inmigrante que no tiene una tarjeta de residencia y no ha aprobado la prueba de presencia sustancial, un mandato complicado que requiere que los inmigrantes permanezcan dentro del país durante una cierta cantidad de días dentro de un ventana de años.
Khanna dijo que los demócratas intentaron y no lograron a incluir a más inmigrantes en el primer estímulo, pero que su partido tiene mejores probabilidades de asegurar la protección de los trabajadores indocumentados en el trabajo. “No creo que sea difícil decir que los trabajadores necesitan tener equipo de protección”, dijo Khanna. “No se quiere que los que son indocumentados se enfermen y luego infecten a los ciudadanos estadounidenses”.
Los comentarios de Khanna llegaron durante una conferencia organizada por un par de grupos de defensa Farmworker Justice y el Environmental Working Group, que han pedido al gobierno federal que refuerce las protecciones para los trabajadores agrícolas en esta tiempo de crisis.
El director de políticas de salud de Farmworker Justice dijo que estos trabajadores corren un mayor riesgo de contraer COVID-19, porque sus empleadores no han tomado constantemente medidas para protegerlos.
El acceso a equipos de protección o estaciones de lavarse las manos en los campos no son proporcionados, y muchos empleadores en esta industria no ofrecen seguro de salud a los trabajadores según Alexis Guild de Farmworker Justice. Guild tambien dijo que los inmigrantes indocumentados, que constituyen la mayoría de los trabajadores agrícolas en los EE. UU., son “especialmente vulnerables a la explotación”, ya que no son elegibles para recibir beneficios federales a los que pueden acceder las personas con estatus legal, como la ayuda de Medicare y SNAP.
Los datos sobre cuántos trabajadores agrícolas han sido afectados por el nuevo coronavirus también son difíciles de precisar, pero el Grupo de Trabajo Ambiental ha descubierto que los casos de COVID-19 están en aumento en los condados con las mayores concentraciones de trabajadores agrícolas.
“Todos estamos viendo cuán vulnerables son los trabajadores agrícolas y de alimentos a COVID-19”, dijo el jueves Scott Faber, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de EWG. Agregó que “simplemente se debe exigir a los empleadores que brinden a los trabajadores agrícolas y de alimentos protecciones de salud y seguridad”.
Entre la Declaración de Derechos de los Trabajadores Esenciales hay una disposición que garantizaría que las empresas asignen fondos federales para proteger a sus empleados, brindar atención médica a los trabajadores y proteger a los denunciantes que informan condiciones inseguras.
